Paola Depetris: “(…) los principales cambios en la normativa que causaron el rechazo de los dueños de las principales empresas del país fueron los siguientes: las multas máximas subieron de 1 millón a 10 millones de pesos, se prevé la clausura de establecimiento por hasta 90 días, inhabilitación por dos años para créditos, suspensión del registro de proveedores del Estado, entre otros. Se eliminó, además, la posibilidad de ir a la cárcel por un período de hasta 90 días que puede extenderse hasta los 4 años y se incorporó la ‘pérdida de concesiones, privilegios y regímenes impositivos’. También el proyecto amplía de 5 a 10 días hábiles el plazo para que la empresa presente defensa y se mantiene la posibilidad de forzar la venta de mercaderías cuando fuera suficiente, sin depósito previo ni juicio de expropiación. Sin embargo, se eliminó la posibilidad de que ante situaciones de desabastecimiento el Ejecutivo pueda expropiar bienes.”
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